Protestar no es saquear: defender la calle exige distinguir

Las últimas semanas han dejado escenas preocupantes en varias ciudades: concentraciones, enfrentamientos, comercios dañados y detenciones. En Barcelona, RTVE informó de 128 detenciones tras unos disturbios; en Bilbao, la protesta contra un acto universitario terminó también con incidentes y arrestos. Cada episodio merece una investigación concreta y una respuesta proporcionada.

La primera distinción es sencilla: manifestarse pacíficamente no equivale a agredir ni a destruir. Si se confunden ambas cosas, se castiga el derecho de reunión por los actos de quienes cometen delitos. Si se minimizan los ataques, se abandona a quienes sufren sus consecuencias y se debilita la convivencia que hace posible la protesta.

También importa el lenguaje de quienes ocupan cargos públicos. Atribuir de inmediato la violencia a un bloque político entero, sin pruebas concluyentes, sustituye la investigación por una etiqueta. Condenar los daños y pedir que se identifique a sus responsables no obliga a convertir cada altercado en un arma partidista.

Las redes pueden acelerar convocatorias y rumores; eso exige información rigurosa y respuestas policiales sometidas a control. Pero la posibilidad de que una convocatoria derive en violencia no vuelve sospechosa cualquier protesta. El estándar democrático debe ser el mismo para todos: hechos probados, responsabilidades individuales y garantías para quienes ejercen sus derechos.

La calle es un espacio de desacuerdo, no un escenario que pertenezca a quien más intimida. Defenderla requiere proteger a manifestantes, vecinos, comerciantes y agentes; además, exige no usar el miedo como atajo para restringir libertades. Una democracia puede ser firme ante la violencia sin renunciar a escuchar el conflicto que se expresa antes de ella.